Numerosos ingenios electrónicos vulneran el derecho a la intimidad de las personas

20/02/07 MÁLAGA. La situación irregular de las cámaras de videovigilancia de la estación de trenes de Málaga de la que informaba EL OBSERVADOR en uno de sus anteriores envíos no es, ni mucho menos, un caso aislado. Muy al contrario, la ausencia de carteles que avisen de las grabaciones que se realizan a los ciudadanos es generalizada al tiempo que se multiplica la instalación de cámaras de videovigilancia en Málaga y en otras ciudades españolas. Más aún, Antoni Farriols, presidente de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), una asociación que vela desde 1990 por la defensa y protección de los datos de las personas, afirma que “estamos seguros de que en muchos casos la instalación de cámaras con sistemas de grabación no se informa siquiera a la propia la Agencia General de Protección de Datos (AGPD)”.

UN dato: el recorrido cotidiano de un londinense es registrado por hasta 300 monitores de videovigilancia al día, según un estudio publicado el año pasado. Otro: en el aeropuerto de Barajas hay 4.500 cámaras, según informa El País. Sin embargo, mientras se multiplican los puntos de grabación en las ciudades españolas ocurre que gran parte de los centenares de cámaras que funcionan actualmente en gasolineras, establecimientos comerciales, estaciones de transporte, hoteles, carreteras, empresas… lo hacen de manera irregular al no avisar a los ciudadanos de su presencia con ninguna clase de cartel indicativo, o incluso porque no han informado de las grabaciones que realizan y los ficheros que manejan a la Agencia General de Protección de Datos (AGPD), según explican a EL OBSERVADOR desde este organismo público y desde la Comisión de Libertades e Informática (CLI). Las infracciones por vulnerar el derecho a la intimidad de las personas están sancionadas con multas que van desde los 600 euros – ausencia de cartel informativo – hasta los 300.000 euros – utilización por terceros de las imágenes –. Aquellas personas que crean vulnerados sus derechos por las grabaciones de cámaras de vigilancia o similares pueden denunciar estos hechos en la Agencia General de Protección de Datos o a través de los servicios jurídicos de la CLI.

UNA instrucción de la AGPD publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 diciembre exige que “los responsables – de sistemas de videovigilancia – deberán cumplir con el deber de información con distintivos informativos ubicados en lugares suficientemente visibles, tanto en espacios abiertos como cerrados”. La norma, que ya están en vigor, generará en palabras del director de la Agencia José Luis Piñar, “un aumento de las denuncias por esta situación, que en la actualidad no superan las cinco o seis por año”. 

TANTO Piñar como Farriols destacan que la grabación de la imagen debe ser tratada “como un dato personal más”, por lo tanto, está sujeto a la Ley de Protección de Datos. No obstante, la AGPD controla hasta 550 ficheros de esta clase pero los sistemas de videovigilancia en activo son muchos más y prolifera la instalación de monitores en espacios públicos y privados.

AQUELLAS personas que crean vulnerados sus derechos por las grabaciones de cámaras de vigilancia o similares pueden denunciar estos hechos en la Agencia General de Protección de Datos (www.agpd.es, y teléfono 90100099) “indicando el lugar donde se produce la posible infracción y a ser posible alguna clase de prueba o indicio, como una foto”, explica José Luis Piñar. También pueden realizar este trámite a través de los servicios jurídicos de la CLI dirigiéndose al correo  

EN este sentido, desde la CLI, su presidente recuerda que la “justificación y las funciones de los monitores de grabación no es tanto  vigilar el comportamiento de los ciudadanos sino proteger la seguridad en aquellos lugares donde haya una demostración fehaciente que se ha producido delitos o actos de vandalismo”.

EN Málaga, una vez obtenido el permiso legal - después de tres años de ruegos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía - el ayuntamiento ya ha soltado 269.449 euros necesarios para instalar 17 cámaras que graben a sus ciudadanos cuando paseen por las calles del centro. En tanto, el alcalde De la Torre le ha pedido a la Junta que pague la mitad de los 615.000 euros que costará poner otros 29 monitores más que convertirán a Málaga en un gran plató videovigilado, a modo del Gran Hermano orwelliano. Estas cámaras, que estarán supervisadas y controladas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, no están sujetas por ley al deber de informar de su presencia, (LO/497), “aunque cada vez se dan casos de cámaras controladas por la policía que avisan de su presencia”. 

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